28.11.05

Líneas de acción y Políticas Públicas

CONCLUSIONES MESA DE TRABAJO: LÍNEAS DE ACCIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS.

Los funcionarios de la Asistencia Jurídica de todo el país, funcionarios de las 4 Corporaciones de Asistencia Judicial existentes, se han reunidos por iniciativa de esta Federación, durante dos días a reflexionar sobre la labor que prestan en la mayor parte de las comunas del país, de la institucionalidad en que se encuentran insertos y sobre la necesidad de modificarla o mejorarla sustantivamente, en el marco del Primer Seminario Nacional del Acceso a la Justicia organizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de la Asistencia Jurídica, FENADAJ, y concluyen los siguiente:

SITUACION ACTUAL

Existe una falta de Políticas Públicas adecuadas tendientes a mejorar el Acceso a la Justicia, situación del todo incomprensible frente a las grandes reformas del Sistema de Administración de Justicia.

Los Funcionarios denuncian que la invisibilizacion de sus necesidades por parte de las de las autoridades y en su calidad de operadores del sistema, reprueban el abuso institucional de la vocación de servicio de los funcionarios y los esfuerzos propios de cada uno de ellos;

En muchos casos hay verdaderos maltratos y persecuciones a los funcionarios. Gestión basada en el control y no en la participación.

Las CAJs. Carecen de una Política de Recursos Humanos que otorgue capacitación permanente y de buena calidad a sus funcionarios, situación que ha quedado de manifiesto frente a las numerosas reformas legales de los últimos tiempos.

Tampoco se cuenta con una adecuada política de autocuidado, que tome en consideración las condiciones y los stresores con los que se trabaja a diario.

Asimismo, producto de las últimas reformas legales, los funcionarios han debido o deberán asumir nuevas funciones sin que se hayan otorgado más recursos para aquello.

No existe al interior de las CAJs, salvo honrosas excepciones, una estructura y política comunicacional adecuada que posibilite la participación interna.

De este modo, las decisiones se toman verticalmente, sin que exista retroalimentación y valoración de la experiencia de los funcionarios de terreno con las Direcciones. Éstas no verifican en terreno las condiciones, a veces infrahumanas, en que los funcionarios hacen su labor.


FUTURO DE LA ASISTENCIA JURIDICA

Ante la evidente y casi insostenible situación actual, y tal cómo lo manifestara el Sr. Presidente de la República en Mensaje Presidencial del 21 de Mayo de 2000, respecto de la necesidad de asegurar a todos los ciudadanos un real acceso a la justicia, a través de un Sistema Nacional de Asistencia Jurídica, creemos que éste debe cumplir con los siguientes requisitos:

Se debe crear un Sistema Nacional de Asistencia Jurídica, autónomo y descentralizado.

Debe ser capaz de otorgar una atención integral al usuario, a través de equipos multidisciplinarios.

Sostenemos que no debe estar restringido sólo a la defensa judicial de los intereses de las personas, sino que debe ser capaz de educar a las personas en el ejercicio de sus derechos, fortaleciendo su ciudadanía; debe otorgar atención profesional y de buena calidad (Servicio que reconoce como eje central las Necesidades socio Jurídicas del usuario); debe otorgar resolución alternativa a los conflictos; debe asegurar adecuada defensa de los intereses y buscar la restauración de las víctimas de delitos (situación que no ocurre en la actualidad.

Todo ello porque sabemos con conocimiento adquirido durante años de trabajo en terreno, que no es posible satisfacer las necesidades de los usuarios mediante la sola representación judicial. Esta es insuficiente frente a ciertos conflictos y es ciega ante las necesidades que más nos plantean nuestros usuarios, conocer sus derechos y saber cómo ejercerlos.

El nuevo Sistema Nacional de Asistencia Jurídica debe ser sobre todo Accesible a las personas más vulnerables de nuestra Sociedad. La licitación como solución barata al tema del Acceso a la Justicia es contradictoria con este Principio. Nosotros sabemos que la imposibilidad de financiar un pasaje de microbús es una barrera insoslayable para gran parte del público que atendemos, y los estudios jurídicos privados no se encuentran en las comunas periféricas de las ciudades, ni en las comunas más pobres, sino que en grandes centros urbanos.

Asimismo, la gestión debe garantizar participación y respeto de los derechos de los funcionarios, otorgando formación permanente a éstos, y sobre todo, remuneraciones adecuadas con las responsabilidades y funciones ejercidas. Es decir, un sistema de acceso a la justicia que invierta en forma importante en el recurso humano, con capacitación permanente, trabajo en equipo, autocuidado, con una carrera funcionaria financiada.

Este nuevo sistema nacional de asistencia jurídica debe propender al empoderamiento de sus funcionarios, quienes deben contar con espacios formales de participación, tanto en la definición de las metas institucionales, como en la planificación de las actividades para su logro.
Por otro lado, este nuevo sistema debe insertarse en el espacio local que permita formular iniciativas en el plan de desarrollo local. Logrando con esto legitimarse en el espacio local y poblacional.