PARO NACIONAL 7, 8 Y 9 DE JULIO

DECLARACIÓN PÚBLICA

El gobierno ha hecho oídos sordos a nuestros planteamientos en orden a mejorar el ACCESO A LA JUSTICIA DE LOS POBRES.

El Proyecto de Ley que pretende ingresar próximamente al Parlamento carece de mirada integradora y moderna para cumplir con su obligación constitucional de otorgar asistencia jurídica a quienes no puedan procurársela por s í mismos, de manera que se la juega por externalizar el Servicio en un porcentaje significativo y en el fututo ir reduciendo aún más – año a año – la Planta de funcionarios para entregar a privados la función pública que le corresponde.

Para los usuarios, este Proyecto significa reducir la cobertura geográfica – es decir se cierran más de la mitad de los Centros de Atención en comunas pequeñas principalmente – y lo que es muy grave también, establece como línea de corte para los beneficiarios, $380.000 como ingreso familiar. Claramente se desconoce todo el avance respecto de la Ficha de Protección Social que establece una serie de indicadores más representativos de la situación socioeconómica de los usuarios.

Respecto de los funcionarios y funcionarias de las Corporaciones de Asistencia Judicial, el Proyecto propone que se continúen rigiendo por el Código del Trabajo (tal como fue creado en Dictadura) y que sus remuneraciones sean significativamente inferiores a las de la DPP. No garantiza continuidad laboral para sus funcionarios y funcionarias, ni otorga incentivo al retiro, como se ha hecho en otros procesos modernizadores.

El Gobierno de la Presidenta Bachelet ha decidido finalmente hacer realidad un Servicio Nacional de Asistencia Jurídica, pero no puede ser a costa de redurcir la actual oferta pública, entregando a privados esta delicada función pública


La Federación Nacional de las Asociaciones de funcionarios de la Asistencia Jurídica exige respeto a los trabajadores en este proceso modernizador del Servicio; que se reconozca el esfuerzo y sacrificio con que se ha desarrollado esta función pública por cientos de funcionarios y funcionarias que atienden en Consultorios Jurídicos desde Arica a Punta Arenas y territorios insulares, que por años han sido considerados funcionarios públicos de segunda categoría, tanto por sus bajas remuneraciones como por las condiciones de pobreza material de sus lugares de trabajo.

Ahora es el momento de lograr un mejor Servicio Público, descentralizado, con gente honrada, que sabe hacer su trabajo; pero se requieren, más profesionales, más personal administrativo; todos en condiciones de trabajo decente, con remuneraciones acorde al mercado, con previsión social, con control y ética.

EN LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS, PARO NACIONAL 7, 8 Y 9 DE JULIO.

DIRECTORIO FENADAJ