Recuperación de víctimas...

(aparecida el Sábado 29 de Julio de 2006, en las cartas al Director del diario EL Mercurio)

Señor Director:
Debemos manifestar nuestra satisfacción con el artículo sobre recuperación de las víctimas de delitos violentos suscrito por doña Paula Correa Camus, directora general de la CAJ RM, en la edición del viernes 21 de julio.
Sin embargo, es necesario hacer ciertas precisiones. Debemos recordar que la atención integral a víctimas de delitos violentos nace en 1994, bajo el amparo del Programa Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia, que entre otras innovaciones en la asistencia psicológica, social y jurídica a personas de escasos recursos aplica las concepciones de justicia restaurativa en la atención a víctimas de delitos violentos. Esta modalidad de atención, que incluye la restauración psicológica, social más allá de la persecución judicial del delito, fue creciendo y ampliando su cobertura, llegando a estar presente en varias comunas donde se encontraba el Programa Acceso a la Justicia a lo largo del país y siendo replicado en otras instituciones. Este crecimiento fue truncado por el entonces ministro de Justicia, quien cerró el Programa Acceso a la Justicia, disminuyendo la oferta de servicios en las comunas donde éste se encontraba presente, durante julio de 2004.
En este momento, si se es víctima de un delito y se carece de recursos para la contratación de abogado, psicólogo u otro profesional tendiente a la recuperación y superación de aquella experiencia, no tendrá ninguna respuesta del Estado, salvo que resida en alguna de las pocas comunas donde quedaron los centros especializados ya nombrados. Si no, lamentablemente quedará indefenso. Ello en contraposición del imputado del delito que siempre tendrá la atención de un defensor público que es un abogado especializado y que, además, es mejor remunerado que cualquier profesional de las actuales corporaciones de asistencia judicial.
Es urgente que el Estado dé una respuesta efectiva y de calidad a las víctimas de delitos, así como a cualquier persona que carezca de recursos para la contratación de un profesional que defienda sus derechos en cualquier ámbito. Y es de esperar que las buenas experiencias en este sentido se amplíen en vez de reducirlas. Hagamos políticas públicas en serio.
Claudia Fachinetti Farrán
Presidenta
Federación Nacional de Funcionariosde la Asistencia Jurídica