Señor:
Edmundo Pérez Yoma
Ministro de Interior
PRESENTE
De nuestra consideración:
La Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de la Asistencia Jurídica, FENADAJ, que agrupa a funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial de todo el país, junto con saludarlo, manifiesta su preocupación por los incumplimientos que el Gobierno ha tenido con este gremio.
En efecto, el día 24 de Octubre de 2007, el Ministro de Justicia don Carlos Maldonado Curti, ante los dirigentes de esta Federación, dirigentes de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, los Secretarios Regionales Ministeriales de Justicia de la Región Metropolitana, Bío Bío, Valparaíso y Tarapacá -todos a su vez Presidentes de los Consejos Directivos de cada Corporación del país- y los Directores Generales de éstas, se comprometió a que durante el año 2007 enviaría un proyecto de ley que crea un nuevo Servicio Nacional de Asistencia Jurídica, proyecto que debía ser acordado con los Directores Generales de las CAJs y, a su vez, garantizando los canales de participación de las asociaciones, todo ello según minuta que él mismo nos hiciera llegar durante aquel día, a la luz de lo expuesto por el Señor Ministro General de la Presidencia, don José Antonio Viera Gallo, en carta de fecha 04 de Octubre de 2007 (copia de ambos documentos se adjuntan a esta presentación).
Pues bien, a la fecha aún no se ha cumplido con el envío del mencionado proyecto, más aún, ha sido la misma Segpres quien manifiesta que aún se trabaja en su elaboración por parte de la Unidad de Reformas Judiciales (URJ) del Ministerio de Justicia conforme a oficio Segpres N° 094 de Enero de 2008.
Frente a lo anterior, hemos requerido al Ministerio de Justicia, formalmente en diciembre recién pasado, a fin de saber las razones por la cual no se ha cumplido con lo comprometido sin que obtengamos ninguna respuesta de la referida cartera.
Señor Ministro, este no es un mero incumplimiento sin consecuencias ulteriores, sino que, por el contrario, es el incumplimiento de la palabra empeñada por un Ministro de Estado, que obliga al Gobierno de Chile en su conjunto, compromiso que nace producto de una potente movilización de los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial de todo el país, todos atentos e informados a lo que sucede a esta fecha, incumplimiento que está ocasionando serios perjuicios a los funcionarios de las CAJs a lo largo de todo el país.
Más aún, los perjuicios sobrepasan la esfera de los funcionarios que representamos, alcanzando también a la población en general, tal cual como procedemos a señalar.
En cuanto a los perjuicios a los funcionarios de las Corporaciones, importante es entender la evolución del proceso que lleva a la situación en que nos encontramos.
Actualmente, el país cuenta con asistencia jurídico social en materia civil, laboral y familia en 344 comunas del país, además, se entrega asistencia jurídico- social y psicológica a víctimas de delitos violentos en 24 comunas de Chile. Todos estos servicios son otorgados por las 4 Corporaciones de Asistencia Judicial. Sin embargo, esta institucionalidad tiene diversas falencias y escaso presupuesto.
Pues bien, para mejorar esta institucionalidad y modernizar este servicio, durante el primer semestre del año 2006, se trabajó en el Ministerio de Justicia, en conjunto con representantes de las Corporaciones del país, de las asociaciones de funcionarios, las principales facultades de Derecho, ONGs Forja, Probono, Centro de Estudio para la Justicia de las Américas (CEJA), y asociaciones de abogados y asistentes sociales, en un Anteproyecto de ley que crearía un nuevo servicio de asistencia jurídica. Dicho Anteproyecto quedó listo durante el mes de Junio de 2006 y, hasta la fecha, el Ministerio no ha dado cuenta de aquél (otro incumplimiento).
Dado lo anterior y, por la carencia de una institucionalidad adecuada, para enfrentar la Reforma Procesal Laboral (que entra en vigencia en marzo de 2008) el Ministerio de Justicia crea un Plan de Contingencia, de carácter transitorio, fortaleciendo la línea de atención laboral de las CAJs., estableciendo un nivel de remuneraciones para los abogados que desempeñen la labor de defensor laboral similar al que se pretendería establecer para los profesionales del nuevo servicio cuyo envío de proyecto se comprometió, recurriendo a la escala de remuneraciones de los defensores penales.
Hoy en día, las remuneraciones de los abogados de las CAJs son ostensiblemente inferiores de lo que ganaran estos abogados laboralistas, por lo tanto, se creará una conmoción y un justo reproche de parte de los profesionales y funcionarios administrativos que llevan años defendiendo a los más necesitados en precarias condiciones.
Es dentro de ese contexto que el compromiso incumplido por el señor Ministro de Justicia era de vital importancia pues, pretender pagar a los abogados laboralistas remuneraciones similares a las de la Defensoría Penal Pública, sin que se tuviera en vistas por el resto de los trabajadores de las CAJs la voluntad del Gobierno del crear con esos mismos standares remuneracionales un Servicio Nacional de Asistencia Jurídica, implica en la práctica generar discriminación entre trabajadores de un mismo servicio y gatillar un clima de tensión interno en cada Corporación de Asistencia Judicial, situación advertida por este gremio a la autoridad en la reunión de donde fluye este compromiso. Lo anterior vulnera gravemente el principio de no discriminación en el empleo plasmado en el Convenio OIT 111, ratificado por nuestro país mediante Decreto 733 de 1971.
En cuanto a los perjuicios a la ciudadanía, es fundamental entender como nuestros usuarios interactúan con las diversas CAJs.
En efecto, los usuarios de las CAJs corresponden al segmento de la población más carenciada que presentan problemas jurídico sociales en diversas materias, así que no es extraño que una usuaria tenga problemas del ámbito del derecho de familia (pensión de alimentos) y, a la vez, del ámbito del derecho laboral (despido). Pues bien, al demorar la creación de un nuevo servicio que en forma nacional y multidisciplinariamente atienda todas las necesidades jurídico- sociales y, ofrecer sistemas de defensas separadas (como ocurrirá al aplicarse las iniciativas del MINJU), un ciudadano deberá concurrir a tantos centros como materias presenten sus conflictos. Es necesario tener presente que aquellos ciudadanos que requieren nuestros servicios, son personas de escasos recursos, que el sólo tener que pagar un pasaje de locomoción colectiva puede ser un obstáculo insoslayable en la defensa de sus derechos. Si la autoridad continúa parcelando la asistencia jurídica, y a la vez, disminuyendo la oferta pública, muchos derechos ciudadanos van a pasar a ser letra muerta.
La falta de cumplimiento de una institucionalidad tan anhelada por la ciudadanía conlleva su insatisfacción en el acceso a la justicia, generándose la paradoja de contar con reformas procesales, nuevos tribunales, pero cada vez más lejanos para las personas, como lo han constatado estudios al respecto.
Los funcionarios queremos dar un servicio de excelencia a nuestros usuarios y usuarias, con dignidad y calidad, ello demanda una modernización urgente del servicio y un trato digno e igualitario a todos los funcionarios y funcionarias.
Por lo tanto solicitamos:
a) que se mejoren las remuneraciones de todos los funcionarios/as de las CaJs mientras se genera un nuevo servicio de asistencia jurídica; y,
b) Que se articule la confección y revisión del proyecto que crea este nuevo servicio lo antes posible, con participación activa de los gremios, y con las urgencias legales correspondientes.
Finalmente, señalamos que el incumplimiento en que ha incurrido el señor Ministro de Justicia y la nula respuesta a nuestras misivas nos llevan a dirigirnos a Ud, en calidad de Jefe de Gabinete, principal responsable político que creemos tendrá la visión para captar que estamos frente a un tema que requiere seriedad, compromiso y respuesta de nuestro Estado, respuesta que esperan los trabajadores de la Asistencia Jurídica de todo el país, a fin de determinar los cursos a seguir, en pos de brindar a nuestros ciudadanos el Acceso a la Justicia que se merecen.
En consecuencia, solicitamos a Ud. encarecidamente una reunión, con el carácter de urgente, a fin de tratar las solicitudes antes planteadas.
Agradeciendo vuestra atención, saluda atentamente a Ud.
CLAUDIA PAZ FACHINETTI FARRÁN
Presidenta FENADAJ
